El Principiante

Por: Carlos E. Martínez Méndez

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es papel de baño para los diputados federales LXII legislatura sin importar el partido.

¿Legisladores?

En los corrillos políticos se comenta que:

De acuerdo al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , es inconstitucional los cinco mil millones de pesos que se aprobaron vía la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión para repartirlos entre 500 Diputados de la LXII Legislatura, a excepción de 2 legisladores del Partido del Trabajo y 1 del PRD, uno por abstención, y el tercero por inasistencia, a reserva de estos, la mayoría votó a favor de esta iniciativa violatoria a la ley, y se auto autorizaron a recibir “quesquepá” obra pública en los municipios en el próximo año electoral del 2015. Un recurso directo y discrecional por Diputado de 10 millones de pesos, en la sesión del 16 de noviembre de este 2014.

Los Diputados Federales presumiblemente están violando la ley, en ninguna parte de la constitución se señala que ellos directamente puedan ejercer recursos públicos presupuestales y financieros del erario de la nación, ni auto asignarse o repartirse recursos financieros para obra pública o proyectos de desarrollo social, incluso productivos reglamentados por programas específicos regulados y normados por leyes secundarias.
Según los análisis realizados por el Dr. Cuitláhuac Rovirosa Madrazo, estos recursos que se aprobaron para el año 2015, los Diputados están violando diversas leyes secundarias del presupuesto y gasto público de la federación, en recursos etiquetados para obra pública y adquisiciones; porque no existe una aplicación y distribución puntual en la correcta aplicación de los recursos federales.

También violenta la ley de responsabilidades de los servidores públicos, entre otras cosas con los siguientes criterios generales aplicables a todos y cada uno de los servidores públicos en los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la nación:

• Se entiende como principio fundamental del derecho constitucional mexicano por la naturaleza y alcances que tiene el servicio público, la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él son de tal envergadura que ha dado lugar a una forma de responsabilidad distinta a las tradicionales para la población civil.

• Esto implica la inhabilitación definitiva a servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, por abuso de autoridad, de poder y uso indebido de facultades. Entendiendo como lo dice la ley, Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales y Federales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y Federales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas, serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Para ponerlo en antecedentes sobre la problemática, la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios del Sector Público, Ley Federal de Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Fiscalización Y Rendición de Cuentas de La Federación y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás relativas; – que por cierto-fueron aprobadas todas en pleno para que todos y cada uno de los partidos políticos que se auto autorizaron el ejercicio 2015 de forma indiscriminada y a libre albedrio para el manejo de diez millones ($10, 000,000.00) mientras que a todos los mexicanos y extranjeros (por ejemplo el reciente caso del tren de alta velocidad de Querétaro) nos someten a estas leyes secundarias sin excepción alguna.

Con las mismas se establecen criterios generales para que cualquier mexicano y/o extranjero residente en el país que dese realizar un proyecto de obra pública que supere los 500 mil pesos debe contar en primera instancia con tres requisitos:

• Licitación Pública obligatoria salvo emergencias que vulneren la seguridad y vida de las poblaciones.
• Fianza de vicios ocultos del contratista y de cumplimiento de la obra.
• Validación por un órgano federal relacionado que confirme y avale si el proyecto está apegada a la citada normatividad y a su reglamento y a todas las demás relativas.

Todos estos requisitos por mandato de ley son los que se deben cumplir antes de autorizar el destino u ejercicio de los recursos presupuestales y financieros federales, que son producto de la recaudación de impuestos, es decir, “Dinero del Pueblo de México”,sin embargo y arbitrariamente, de forma discrecional y abusiva, estos Diputados Federales de la LXII Legislatura que está en funciones, sin probidad, pudor, ética, civismo y mucho menos vergüenza, se auto autorizaron para ejercer libremente cada uno de ellos diez millones de pesos, que en suma para los 500 legisladores hace un total lamentable y vergonzoso monto de 5 mil millones de pesos para impulsar a sus respectivos partidos políticos en cada distrito electoral.

Esta acción generó ya una total desconfianza en la sociedad y en diversas corrientes políticas, por el uso y repartición discrecional de los recursos públicos financieros, precisamente para el próximo año 2015, donde habrá un proceso electoral en el país para la elección de Diputados Federales. Según los analistas, esto es una clara violación a las leyes secundarias federales, Ley General de Instituciones Y Procedimientos Electorales el COFIPE, leyes que ellos mismos legislaron con una doble moral.

Ante esta franca y contundente violación a la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos por la LXII Legislatura por parte de los actuales legisladores; saltan al aire en la sociedad las siguientes preguntas relacionadas con la probidad, credibilidad y el destino del México violento:

1. ¿Qué piensan los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cómo se están repartiendo descaradamente y violando todas leyes secundarias del gasto público de los recursos federales por estos legisladores?

2. ¿Qué opinan los magistrados del Tribunal Federal Electoral de la autorización de 5 mil millones de pesos en pleno proceso electoral con los que se pretende de manera encubierta favorecer a candidatos que repartirán recursos financieros de la nación en los municipios que a ellos convengan sin restricción alguna?

3. ¿Qué acciones tomará el Auditor General de la Nación y la SFP de este juego perverso y pervertido entre todos los partidos políticos y los legisladores de la LXII Legislatura?

4. ¿Dónde está el estado de derecho que tanto cacarean ante la brutal violencia que está viviendo México y donde se supone deben vigilar y castigar a quienes violen las leyes?

5. ¿Qué pensará el nuevo comisionado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se pasa por encima de las grandes demandas y necesidades sociales que llevaron al Presidente de la República a crear un programa para combatir el hambre y pobreza de nuestro país, de un grupo de legisladores que antepusieron deliberadamente por encima de esta prioridad nacional el desvío de recursos públicos de forma encubierta para utilizarlo en las elecciones del 2015?

6. ¿Qué postura tomarán los miembros de las diversas cámaras empresariales como COPARMEX, CANACINTRA, CANACO ANIERM y todas las cámaras del país que se tienen que sujetar a las reglas de operación de cualquier concurso público?

7. ¿Qué pensarán los diplomáticos de otros países residentes en México con respecto a nuestros legisladores que pasan por encima de todas las instituciones públicas del país, para repartirse cinco mil millones de pesos de forma indiscriminada y autoritaria?

Estos 5 mil millones de pesos que bien hacen falta en muchas instituciones de asistencia de esencia social; podemos mencionar entre otras al IMSS que está en crisis financiera y carente de medicamentos y tecnologías suficientes en materia de salud para atender a la población en enfermedades crónico degenerativas; o por ejemplo en Financiera Rural que tiene que financiar a todo el sector agropecuario nacional y sólo le asignaron mil doscientos millones de pesos para el 2015; o bien todas las dependencias del sector social más marginado,como SAGARPA, SEDATU o SEDESOL y cuando el propio Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ha determinado como un área prioritaria para México.

Este tema aún dará mucho de qué hablar porque todos los partidos políticos, absolutamente todos son cómplices, léase PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM, etc.